La coyuntura económica exige, con urgencia, decisiones que reactiven el crecimiento, fortalezcan la inversión y devuelvan dinamismo a una economía que lleva varios años mostrando un desempeño con tendencia a la baja. En ese contexto, cualquier modificación que afecte directamente al impuesto de primera categoría debe ser analizada no solo como un ajuste tributario, sino como una decisión estratégica.
Uno de los principales problemas del esquema actual es que incentiva las decisiones tributarias por sobre las productivas. Cuando la carga impositiva adquiere una magnitud relevante, las empresas tienden a priorizar la optimización tributaria antes que su productividad. Ahora bien, si a esto le sumamos el aumento de los costos de cumplimiento y un entorno que, en la práctica, podría favorecer la evasión, estamos frente a un escenario complejo.
Pero no solo ahí hay que poner atención. La actual estructura tributaria también afecta la competitividad internacional del país. Hoy resulta más caro invertir en Chile que en otras economías y, si no mostramos suficientes ventajas competitivas, el resultado es evidente: se desincentiva la inversión.
El rezago en la formación de capital fijo es una señal clara de este fenómeno. La falta de nuevas infraestructuras relevantes —calles, puertos, hospitales o plantas productivas— refleja una economía debilitada, donde la inversión no está retornando con la fuerza necesaria.
En este contexto, la reducción de la tasa corporativa apunta a modificar ese equilibrio: menos presión tributaria para permitir mayor inversión, mayor producción y, en el mediano plazo, una recaudación superior, no por tasa, sino por volumen.
Entonces, la pregunta es clara: ¿cobrar más a una economía estancada o cobrar menos a una economía en expansión? La evidencia histórica del país muestra que la segunda opción ha sido más efectiva para generar empleo, dinamismo y crecimiento sostenido.
Asimismo, cuando una proporción significativa de los ingresos se canaliza hacia el Estado sin un retorno eficiente en inversión o calidad del gasto, se produce una distorsión que afecta la equidad. En cambio, cuando las empresas cuentan con mayores recursos, tienden a reinvertir, expandir su operación, mejorar las condiciones laborales y generar nuevas oportunidades.
El sistema actual, con múltiples regímenes y diferencias en la tributación, presenta una complejidad que dificulta tanto el cumplimiento como la fiscalización. Esta fragmentación, además, rompe la equidad horizontal, generando tratamientos disímiles entre contribuyentes.
Desde una perspectiva más técnica, factores como la elasticidad de los ingresos corporativos refuerzan la necesidad de revisar el esquema vigente. Y esto no se trata de una discusión ideológica, sino de un análisis que recoge décadas de reflexión económica, con fundamentos matemáticos, sociológicos y estructurales.
La reforma es indispensable para el país, porque una tasa de primera categoría más baja y alineada con estándares internacionales permitiría recuperar competitividad, reorientar el foco hacia la productividad y facilitar la reinversión privada.
En una economía que necesita crecer, mantener un sistema que encarece la inversión y distorsiona las decisiones productivas no es sostenible. El foco no es solo recaudar, sino hacerlo mirando el crecimiento, la inversión y una distribución más efectiva de las oportunidades en nuestro país.
Por @Claudia Valdés Muñoz, gerente general de BBSC®
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