Por Claudia Valdés Muñoz, gerente general de Best Business Solutions Consulting (BBSC)
La Ley 21.420 -que se discute en el Congreso Nacional- establece el pago de patentes mineras, con miras a recaudar y aumentar inversión minera vía mayor exploración. Su objetivo sería el evitar el acaparamiento de pertenencias mineras sin explorar. No obstante, Chile parece haberle puesto el freno de mano a la exploración justo cuando más se necesita.
La obligación de pagar sumas de dinero importantes -por concepto de patentes- podría llevar a la pequeña y mediana minería a tener que vender, lo cual en lugar de aprovechar las reservas que contribuirían a mejorar la productividad minera. O, peor aún, en caso de que el hallazgo no tenga valor, el pequeño inversionista tendría que pagar una patente sin recibir a cambio ninguna utilidad.
El panorama tampoco es alentador para aquellos mineros que deben pagarle al Estado, mientras esperan que su descubrimiento sea económicamente rentable. Dicha situación está lejos de representar un acaparamiento, simplemente, se trata de que la explotación del yacimiento puede no ser rentable en el presente, ya sea por precios o por falta de tecnología.
Por eso, no podemos hablar de patentes mineras sin tener en consideración la exploración; y, por extraño que suene, quizá debiera ser el Estado el que deba pagar por ella. Sin embargo, en BBSC observamos una norma que establece montos por sobre la UTM, que se fijarán al inicio de cada año; y que obligará a las empresas a informar en qué etapa se encuentra el proyecto, qué mineral encontró y también a entregar documentación. Recién ahí, el Fisco evaluará si corresponde pasar a la etapa de la explotación.
En definitiva, el cambio legal que hoy se discute parece más un retroceso que un avance, cuando no hay garantías de que efectivamente se incremente recaudación. ¿No estaremos poniéndole el freno de mano al desarrollo minero, que tanto aporta al erario nacional al exigir el pago de elevados montos, cuando aún no se ha hecho ninguna gestión comercial?
Probablemente, muchos pequeños mineros no van a poder pagar y, por ende, serán los grandes empresarios los que terminen controlando los yacimientos en lugar de apoyar a quienes tienen menos recursos para que puedan investigar y explorar nuevas vetas.
